Nada de esto, por supuesto, es casual, sino causal. Y para comprenderlo en su real dimensión es imprescindible remontarse a los años de las sucesivas gobernaciones de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Quienes estuvimos en contacto con los colegas que trabajaban en ese tiempo en los medios independientes de esa provincia supimos con todo detalle la forma en que el kirchnerismo los maltrataba y buscaba sojuzgarlos a través de la persecución judicial y el retiro de la publicidad oficial. Allí reinaba el miedo; quien esto escribe lo pudo palpar en forma concreta. En el momento en que Kirchner asumió la presidencia, en mayo de 2003, tenía querellado por calumnias e injurias a un periodista de Santa Cruz, Dino Zaffrani, hecho que motivó una queja pública de la entonces agrupación Periodistas por efecto de la cual “El” finalmente desistió.
Lejos de cesar, esa práctica del apriete se continuó aplicando una vez que Kirchner asumió la primera magistratura del país. Así fue que en 2006 le tocó sufrir esa experiencia a PERFIL, cuya actitud crítica molestó e irritó al entonces presidente, quien, en consecuencia, dio la orden de que se le cancelara al diario el otorgamiento de publicidad oficial. No satisfecho con ello, “El” mandó, a su vez, presionar a las empresas privadas para que se abstuvieran de anunciar sus productos en el diario. Todo ello constituyó una experiencia dura y una verdadera prueba de fuego para PERFIL, circunstancia ante la cual los lectores decidieron salir en su defensa dando origen a una de las experiencias más interesantes de la historia del periodismo argentino, como fue la creación del fideicomiso a través del que miles de ciudadanos, con su aporte económico, ayudaron al diario a atravesar y superar una etapa dramática. Como ombudsman de PERFIL, me cupo ponerme al frente de esa iniciativa que contó, además, con la colaboración de un grupo de notables que monitoreó la adjudicación de espacios publicitarios a entidades de bien púbico que fueron beneficiadas con avisos pagados con los fondos del fideicomiso.
Estos antecedentes es lo que permite dar verdadera significación al especial momento que estamos viviendo. Las posturas y prácticas empresariales de Clarín están sujetas a la crítica como lo deben estar las de cualquier organización periodística. Jorge Fontevecchia se ha explayado con amplitud acerca de sus diferencias y enfrentamientos con Clarín. Quien esto escribe ha sido crítico, entre otras cosas, de la fusión de Multicanal y Cablevisión, que es una de las vías a través de las que se viene operando la brutal campaña de hostigamiento que el Gobierno ha puesto en marcha contra el multimedios. Es necesario recordar que dicha fusión fue aprobada por Kirchner y defendida en esos días por Guillermo Moreno.
A lo que se asiste en estos días es a una operación de persecución sin límites destinada al aniquilamiento no sólo de Clarín sino también de La Nación. La vertiginosa aprobación de la ley que declara de interés púbico la producción de papel de diarios, la intervención a Cablevisión con la participación de Gendarmería, la reactivación de la causa por la venta de Papel Prensa y el dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi (aconsejando a la Corte Suprema que haga cesar la cautelar que tiene congelada la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios y el embargo por $ 160 millones ordenado por un juez en respuesta a un pedido de la AFIP violatorio de una disposición de la Corte), son partes de ese plan que contempla, además, el eventual encarcelamiento de Héctor Magnetto y de Bartolomé Mitre. Está claro, pues, que el Gobierno no se contenta tan sólo con la construcción del multimedios oficial y paraoficial, objetivo fundamental de las antes mencionadas leyes de Servicios Audiovisuales y la que declara de interés público la producción de papel de diarios, sino que pretende liquidar cualquier posibilidad de existencia de medios nacionales fuertes en los que se pueda ejercer el periodismo con independencia de las presiones gubernamentales.
A todo esto se ha agregado la ley antiterrorista que acaba de aprobar el Congreso, que importa un serio riesgo no sólo para el ejercicio de la profesión sino también para la libertad de expresión, hecho que ha encendido la alarma incluso en sectores del progresismo afines al Gobierno. Esta es una ley a la cual “El” siempre se opuso. El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, dijo que la norma podría aplicarse a medios de comunicación –y por ende, a periodistas– que difundieran información que “aterrorizara a la población”. La amplitud de este término y su subjetividad son tan vastas que podrían abarcar desde los números reales de la inflación que dejan al descubierto las mentiras del Indek hasta un alerta errado del Servicio Meteorológico. No habrá de pasar mucho tiempo hasta que un juez la declare inconstitucional. Alguien debió haberle advertido a la Presidenta de los riesgos que conlleva esta ley con reminiscencias de la dictadura, que expone al Gobierno a una fenomenal contradicción. “Es consecuencia de una realidad: la Presidenta no escucha a nadie que ose pensar diferente de ella”, reconocía una voz que sabe cómo funcionan las cosas en el Gobierno. Ante lo indefendible de todo esto, y en el colmo de un “sícristinismo” absoluto, algunos legisladores que votaron la ley –a la que calificaron de “antipopular”– dijeron haberlo hecho como muestra de apoyo a un gobierno “popular” (sic).
Al fin y al cabo, una expresión más de kirchnerismo puro, un compendio de intolerancia creciente desplegado en nombre de la libertad.
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